Piratas de la seguridad: aumentan las empresas irregulares.

thumb“Se necesitan guardias para empresa de seguridad”. Ese es uno de los avisos más publicados en busca de gente dispuesta a defender un comercio.
La población coloca su miedo a ser víctima de un atraco en lo más alto de la lista de las preocupaciones y eso también genera consecuencias en el mercado:
aumenta la demanda y con ello, a las empresas de seguridad con experiencia y personal formado, se le suman otras que no cumplen con los requisitos mínimos.
De acuerdo a datos del  Registro Nacional de Empresas de Seguridad (Renaemse), en Uruguay hay más empleados de seguridad privada que policías.
El Ministerio del Interior cuenta con unos 25 mil efectivos y los guardias rondan los 37 mil. La mayoría de los guardias privados, unos 20 mil, están armados.
Esa oficina estatal, que depende del Ministerio del Interior, se encarga de los controles y el cumplimiento de la normativa.
De acuerdo a consultas  en el mercado, los controles se hacen pero es notorio que les falta personal para hacerlos de forma más exhaustiva.
El aumento de la demanda de seguridad hizo florecer el número de empresas, entre ellas también las “fantasmas”, según el gremio de trabajadores de la seguridad y los empresarios formales del sector.
Están las empresas que son muy profesionales, perfeccionan a su personal y lo entrenan. En esos casos, los guardias saben técnicas de defensa personal, las compañías utilizan tecnología y cuentan con medios para enfrentar a la delincuencia que cada vez pone más inteligencia para concretar los robos. Pero, por otro lado con la demanda en ascenso, también surgieron empresas de dudosa reputación que se mueven en un mercado informal.
Su personal no está capacitado para casos de tensión, muchos son jubilados que toman el trabajo como una changa para sobrevivir y en líneas generales no están preparados ni física ni síquicamente.
Dirigentes del gremio criticaron a las empresas que, aunque no estén obligadas, no se esfuerzan por comprar chalecos de seguridad.
Un chaleco cuesta entre US$ 500 y US$ 700 y tienen una vida útil que ronda los cinco años.
La normativa obliga a las empresas de seguridad a brindar ese elemento de protección a los que cubren tareas en bancos o financieras y no en lugares como supermercados.
Desde el gremio se reiteró ayer el reclamo sostenido en los últimos dos años, de extender ese decreto y que el chaleco antibala sea de uso obligatorio para todos los guardias.